Anualmente, incontables hogares sufren tragedias prevenibles. Este texto explora la relevancia de esta fecha y las iniciativas destinadas a forjar caminos más protegidos para la comunidad.
La conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Hechos de Tránsito constituye un momento para reflexionar sobre el impacto humano de los siniestros viales y para reconocer la urgencia de mejorar la seguridad en las carreteras. A nivel global, organismos internacionales, instituciones públicas y organizaciones comunitarias participan en esta fecha con el propósito de recordar a quienes han perdido la vida, acompañar a sus familias y promover estrategias que eviten que tragedias similares se repitan. En Guatemala, esta jornada ha cobrado especial relevancia debido al incremento sostenido de incidentes viales y a la necesidad de fortalecer la prevención desde un enfoque integral.
El evento principal de este año fue coordinado por el Ministerio de Gobernación, mediante la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil (DTransitoPNC). La conmemoración, que tuvo lugar en la Plaza Berlín, ubicada en la zona 14 de la ciudad capital, congregó a funcionarios, especialistas, parientes de afectados y ciudadanos dedicados a fomentar una circulación más segura. La asistencia de distintos grupos enfatizó que los accidentes de tráfico no solo impactan a quienes conducen, sino también a transeúntes, ciclistas, motociclistas y a todos aquellos que emplean las vías públicas para su desplazamiento.
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La seguridad vial como una prioridad de salud pública
Durante la jornada se subrayó que los hechos de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad en la región, lo que los convierte en un desafío de salud pública que requiere respuestas urgentes y sostenidas. Aunque suele hablarse de “accidentes”, se recordó que estas situaciones pueden prevenirse mediante políticas basadas en evidencia, infraestructura adecuada y una cultura de movilidad responsable. Esta perspectiva busca cambiar la narrativa, subrayando que cada siniestro evitado representa una vida preservada.
Ingrid García, quien se desempeña como asesora de Enfermedades No Transmisibles para la OPS/OMS en Guatemala, enfatizó que cada cifra esconde una vida truncada. Sus declaraciones instaron a comprender la repercusión afectiva y comunitaria de los decesos en carretera, así como la necesidad de implementar acciones enérgicas para reducir la gravedad de esta problemática. Conforme a su exposición, la construcción de un sistema de transporte más seguro demanda resoluciones firmes, colaboración entre instituciones y una dedicación ética para salvaguardar a las poblaciones más susceptibles.
Las reflexiones compartidas durante la actividad enfatizaron la necesidad de acelerar la implementación de políticas de prevención que han demostrado eficacia a nivel internacional. Entre ellas destacan la regulación de velocidades urbanas, las sanciones estrictas contra la conducción bajo efectos del alcohol, el uso obligatorio de cascos y cinturones de seguridad, y la instalación de infraestructura accesible para peatones y ciclistas. Cada una de estas medidas contribuye a reducir el riesgo de lesiones graves y muertes en las vías.
Una estrategia en sintonía con el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021–2030
La celebración también fue una oportunidad para subrayar la relevancia del Plan Global para la Década de Acción por la Seguridad Vial 2021–2030, una iniciativa de las Naciones Unidas que promueve una estrategia preventiva holística. Este esquema enfatiza la importancia de concebir la movilidad desde la perspectiva de un sistema seguro, donde la infraestructura vial, los medios de transporte, las regulaciones y la conducta de los individuos deben operar en armonía. Conforme a esta perspectiva, los accidentes de tráfico ya no se imputan únicamente a fallos humanos, sino que se interpretan como deficiencias del ambiente que son susceptibles de ser subsanadas mediante acciones apropiadas.
Durante el acto se resaltó la urgencia de fortalecer las políticas orientadas a garantizar velocidades seguras, mejorar el diseño urbano, ampliar la fiscalización y promover la educación vial desde edades tempranas. La apuesta por un sistema seguro reconoce que las ciudades deben planificarse para proteger a quienes caminan, se movilizan en bicicleta o utilizan transporte público, asegurando que estos grupos tengan acceso a condiciones adecuadas de desplazamiento.
Asimismo, se recalcó la importancia de invertir en servicios de emergencia oportunos y accesibles. La respuesta inmediata ante un siniestro vial puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, así como influir en la recuperación de personas lesionadas. El fortalecimiento de estas capacidades resulta esencial para reducir la mortalidad y garantizar una atención oportuna y digna.
Guatemala: Progresos y desafíos en la seguridad vial
Guatemala ha realizado avances importantes en los últimos años. Entre las acciones mencionadas durante la conmemoración destacan las reformas normativas, campañas de sensibilización orientadas a diferentes públicos, iniciativas educativas y mejoras en la coordinación entre instituciones. Estos esfuerzos han permitido consolidar una visión más amplia del problema y abrir el camino hacia estrategias sostenidas para disminuir los siniestros viales.
Sin embargo, todavía existen desafíos estructurales que requieren atención prioritaria. La falta de recursos estables, la necesidad de fortalecer la fiscalización en todo el territorio y la insuficiente articulación institucional limitan la capacidad de respuesta. Además, muchas comunidades carecen de infraestructura adecuada, lo que aumenta la exposición al riesgo, especialmente para peatones y usuarios de motocicleta.
El esfuerzo colaborativo entre diversos sectores, fomentado en los años recientes, ha resultado fundamental para reconocer estos desafíos y progresar hacia respuestas más eficaces. Durante el año 2024, se estableció firmemente la Mesa Técnica Nacional de Seguridad Vial, una plataforma que congrega a entidades como el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Secretaría Nacional de Tránsito, PROVIAL, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, APASIT y otras partes interesadas de gran relevancia. Esta iniciativa impulsa la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, un documento que guía la planificación y la puesta en marcha de actividades a corto, mediano y largo plazo.
El fortalecimiento de los sistemas de información, la evaluación de la respuesta post-siniestro y el mapeo de responsabilidades institucionales figuran entre las prioridades discutidas. Estos componentes son fundamentales para diseñar políticas basadas en evidencia, identificar zonas de riesgo e implementar intervenciones oportunas en los lugares donde se registran mayores índices de siniestros.
Cooperación internacional y compromiso renovado
El respaldo técnico proporcionado por la OPS/OMS ha sido un elemento fundamental en la edificación de las competencias nacionales. Esta entidad ha ofrecido su asistencia en la formulación de estrategias, la formación especializada y la consolidación de los instrumentos de monitoreo y evaluación. Paralelamente, ha fomentado la implementación de estándares internacionales y ha catalizado iniciativas de unificación regulatoria y de concienciación ciudadana.
En 2025, la visita del Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial representó un paso significativo para reforzar los lazos de cooperación y reafirmar el compromiso del país con la agenda global. Su participación permitió ampliar la visibilidad de los avances nacionales, pero también recalcar la necesidad de acelerar las transformaciones estructurales que permitan reducir la mortalidad y la siniestralidad de manera sostenida.
Durante las ceremonias conmemorativas, se subrayó que la seguridad vial debe entenderse como una obligación colectiva. Las entidades gubernamentales tienen la misión de formular y aplicar estrategias pertinentes, mientras que los ciudadanos cumplen una función esencial al asumir conductas prudentes en las carreteras. La utilización del casco, el abrochado del cinturón de seguridad, la conducción sin haber consumido alcohol y la observancia de las señales de tráfico son elecciones cotidianas que tienen el potencial de preservar existencias.
Asimismo, las organizaciones comunitarias, el sector privado y los centros educativos pueden contribuir mediante campañas de sensibilización, programas formativos y la promoción de entornos seguros. La educación continua y la creación de una cultura vial basada en el respeto mutuo resultan esenciales para lograr cambios duraderos.
Por un sistema de carreteras más humano y con enfoque preventivo
La jornada concluyó con un llamado a transformar el dolor en acción. Recordar a las víctimas no solo implica honrar su memoria, sino también asumir el compromiso de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. Se destacó que cada vida perdida en el tránsito representa una historia interrumpida, una familia afectada y una comunidad golpeada por una tragedia evitable.
El objetivo final es construir vías que prioricen la integridad, la vida y el bienestar de todas las personas, sin importar la forma en que se desplacen. Lograrlo requiere inversión sostenida, voluntad política, participación ciudadana y la integración de principios técnicos que guíen la planificación urbana y el diseño vial. Un sistema seguro debe ser inclusivo, equitativo y capaz de anticipar riesgos antes de que se conviertan en tragedias.
La celebración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Hechos de Tránsito subraya la necesidad de continuar esforzándose por convertir los lugares de desplazamiento en ambientes seguros, accesibles y conscientes. Mediante la cooperación tanto a nivel nacional como internacional, y con la participación activa de todas las áreas, es factible progresar hacia una forma de moverse más protegida, beneficiosa y perdurable, donde cada desplazamiento sea una ocasión para preservar la existencia.
