El 2022 terminó en medio de un fuerte debate sobrio lo que es y lo que se espera del Sistema de Salud como resultado de las propuestas de reformas plantadas por el nuevo Gobierno, sin que estas se hayan materializado en un mensaje de texto como borrador de ley.
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No obstante, de acuerdo con el investigador sectorial y profesor Iván Jaramillo Pérez, si se toma esta discusión en el contexto de una metodología dialéctica, se podrá afirmar que se enfrentará a dos posiciones extremas y que sería de esperarse una síntesis consolidada. en un proyecto de ley que incorpora los aspectos positivos de las posturas confrontadas y que se superen, incluso, los aspectos negativos de la tesis y la antítesis expuestas.
“Todo en espera de nuevos acuerdos, más aún si se tiene en cuenta que en los últimos días se han realizado encuentros importantes entre las partes enfrentadas”, de Jaramillo Pérez.
En forma esquemática, la posición del Gobierno se puede caracterizar por enfasis puesto en “el modelo preventivo y predictivo”, recientemente dado a conocer en lo que podría denominarse el “manifiesto de Aracataca”, como respuesta necesaria a algunos indicadores deficientes en salud pública y el casi abandono de la intervención sobre los determinantes sociales que impactan en el bienestar individual y colectivo.
Asimismo, se consolida la defensa de un “modelo EPS” para el éxito en la cura con un acceso efectivo de la población –según las encuestas– que bordea el 75 por ciento, una satisfacción del 80 por ciento y una cobertura formal del aseguramiento del 99 por ciento.
Lo anterior sin dejar de lado que en la discusión también pesa el deficiente panorama económico y sectorial, que, según datos oficiales, supera los 30 billones de pesos de deudas que acumulan las EPS (activas y liquidadas) con los prestadores de servicios (IPS) .
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En este panorama, la expectativa positiva frente a la reforma es que lo logrado se mantenga como material de aseguramiento, se eleva al acceso efectivo a los servicios, sobre todo en los habitantes de la llamada «Colombia profunda», complementado técnicamente con un modelo preventivo y predictivo eficaz, teniendo como objetivo ineludible la universalización efectiva del derecho fundamental a la salud.
Jaramillo retoma lo anterior en «la necesidad de consolidar los registros y las conquistas de los últimos 30 años y que se déarrollen los faltantes necesarios para alcanzar un Sistema de Salud realmente integral».
Aquí no sobra tener en cuenta que si bien las demande de todos los actores del sector deben considerar se a la hora de plantar cambios, no se puede loser de vista que las más importantes son las de los usuarios (51 millones de colombianos), frente a las cuales deben alinearse con las demás.
Tampoco hay qu’conocer qu’en este proceso se compara principalmente con la idea central del Gobierno de fortalecer los componentes preventivos de la enfermedad antes que se centre en la sola atención después de su aparición. Por donde se déliza, también, el casi consenso de que hay que actuar sobrio los denominados determinantes de la salud, lo que configuraría, insiste Jaramillo, la estrategia rectora para mejorar el bienestar de la población y así dar cumplimiento al mandato central de la Ley Estatutaria de la Salud (1751 del año 2015).
En este sentido, vale la pena recordar que desde hace algunos años se desarrollará el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) bajo la responsabilidad de las secretarías de Salud y que en teoría pretende intervenir los factores contextuales de la salud en sus jurisdicciones. De ahi que no se fiesta de cero.
Otra idea recurrente de la ministra de Salud, Carolina Corcho, además de intervenciones relacionadas con la reforma de que esta colombiana está registrada en el Centro de Atención Primaria (CAP) pero tiene cierta residencia conocida para que allí se le brinde atención personalizada a través de un equipo médico sanitario con capacidad resolutiva para mejorar el acceso a los servicios, de forma que se eviten saltos indebidos en niveles de mayor complejidad.
sin embargo, la buena intención de esta propuesta requiere tener en cuenta que la modificación abrupta de comportamientos arraigados en la población podría ser difícil de asimilar a corto plazo, lo que, en lugar de mejorar el acceso, podría debilitar algunos de estos mecanismos que ya están en funcionamiento por parte de las EPS.
Con todo respeto, Jaramillo Pérez considera que se recomienda mantener las plataformas tecnológicas a través de dicho acceso a un servicio y crear estímulos, como la exoneración de copagos y la moderación de cuotas, para utilizar los mecanismos del centro de atención básica más cercano, y así buscar que esta vía se consolida como puerta de entrada al sistema.
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flujo de recursos
Esto es para establecer el trabajo directo o la intermediación de los servicios -que hay un régimen subsidiado en salud-, para que ustedes lo interpreten como favorable, o que le planten el interrogante de la combinación de “la libre elección” por parte de los usuarios y su adscripción obligatoria a una red de servicios con puerta de entrada a CAP cercana a su casa.
A esto se suma el riesgo potencial de que estos giros directos puedan favorecer de bordes injustificados en la facturación, como en su momento ocurrió con algunos modelos del antiguo Seguro Social, más recientemente con los pagos por la población «vinculada» o no asegurada, o lo que pasa hoy con los desmanes en el manejo del Soat. Lo que, en palabras de Jaramillo Pérez, exigió la génesis de un nuevo y riguroso sistema de auditoría de cuentas con renovadas metodologías de facturación y controles que impidan abusos y extralimitaciones descontroladas a la hora de pagar servicios.
Pero el tema mas espinoso, que permeará todo el debate sur la reforma de la salud anunciada para el primer trimestre del 2023, será en manos de quién quedan la conformación y administración de las redes integrales e integrados de servicios. Al respecto se ha plantado que podrían ser las secretarías de Salud ya existentes, o bien que estas funciones queden a cargo de los hospitales públicos o, en el mismo sentido, que continúan en manos de las entidades administradoras de los planes de beneficios, incluidas las EPS.
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Lo cierto es que qualquiera de estas alternativas debe someterse a una discusión amplia ya un riguroso proceso de evaluación y preparación, teniendo como norte que el déenlace debe, ineludiblemente, ser la garantía del derecho fundamental a la salud para toda la población.
Aunque lo anterior podría ser el tema central, puntos existentes igual de trascendentes, como el fortalecimiento del recurso a otros humanos y el trato digno a los trabajadores del sector, en armonía con el precepto constitucional de la Ley Estatutaria, la consolidación de un sistema sólido y transparencia de la información que no da más espera, la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para el sector, la estructuración de una política farmacéutica que el apunte tiene una autonomía sanitaria del país y, por supuesto, ajustar las competencias en el campo de la salud de la Nación, departamentos, distritos y municipios dentro de los marcos previstos por la Constitución y la ley.
Sin duda, de esta reforma depende uno de los pilares más importantes del desarrollo social, como lo es el bienestar general de la población, a través de un sistema de salud que, por sus características, es mejorable, y su discusión todas las voces deben estar incluidos. En este, hay que tomar en cuenta las palabras de la ministra Carolina Corcho: «Se debe construir sobre lo construido sentido».