La patronal AEDIVE ha reclamado a la secretaria de Estado de Energa actuaciones a corto plazo que frenen la fuga de inversiones
El coche eléctrico mira con preocupación el adelanto electoral. El persistente atasco en la tramitación de puntos de recarga se ha convertido en un escollo para la electrificación del transporte en España y ya amenaza con provocar una fuga millonaria de invertida hacia pases del entorno que presenten menos trabas burocrticas. El Gobierno y las asociaciones del sector vienen trabajando desde hace meses en ajustes que permiten solventar esta situación, un proceso en el que ha habido avances pero que, ahora, podra quedar en el aire por culpa de los comicios del 23 de julio.
A raz del giro politico, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) ha puesto sobre la mesa del Gobierno la necesidad de adelantar todas las actuaciones posibles para que el 23-J no posponga sine die cambios normativos que puedan agilizar el uso de la infraestructura eléctrica. Lo hizo hace unos das en una reunin a puerta cerrada con la secretaria de Estado de Energa, Sara Aagesenquien encabeza el grupo de trabajo para la infraestructura de recarga del vehiculo electrico.
La reunión ha sido incluida en la agenda prevista del Ministerio de Transición Ecológica. A nivel de la publicación de sta, Arturo Pérez de Lucadirector general de Aedive, ha concretado en conversaciones con EL MUNDO algunas de las cuestiones que se abordaron en el encuentro: «Lo que plantamos a Sara Aagesen fue una serie de medidas de urgencia para desbloquear las barreras en infraestructura de recarga pública, ante la posibilidad de que el proceso electoral en Espaa retrase an ms la aplicacin de soluciones«. Al cierre del ao pasado, el pas sumaba 7.400 puntos de recarga no operativos, a la espera de permisos, según el último informe anual de Aedive.
En Aedive se preocupa el efecto de un eventual retraso de esta toma de decisiones sobre los proyectos en ciernes. «Hay riesgo de que los planes de inversiones millonarias previstas para España se redirijan a otros mercados vecinos en los que la transmisión para desplegar infraestructuras de recarga pública sea mucho más sencilla y rápida, como Francia o Portugal», matiza Pérez de Luca. En 2022, la inversión en infraestructura para el vehículo eléctrico fue de 220 millones de euros.
Entre las propuestas que se abordarán en la reunión se incluye un ajuste en los rangos de potencia de las infraestructuras en los que el operador debe obtener la Autorización Administrativa Previa y de Construcción, como una aclaración que reconoce que la Declaración Responsable para seguir adelante con los proyectos deben aplicarse no solo al punto de recarga, sino también a todos los equipamientos para su operatividad. Definitiva, acciones a corto plazo con un efecto inmediato sobre el uso de la infraestructura eléctrica.
La apuesta de España por la electrificación es clara. El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que ahora está actualizando el Gobierno, fij como objetivo para 2030 contar con una flota total (desde autobuses hasta turismos) de 5 millones de vehículos eléctricos. A finales de 2020, los registros hablaron de un parque de 670.000 eléctricos en toda España. Para impulsar el salto al coche eléctrico, la infraestructura es clave. El reto es monumental y no admite más retrasos.
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