La reforma de pensiones de la legislatura pasada se dejó algunas cuestiones no menores en el tintero que se han empezado a negociar este lunes en una reunión mantenida entre los técnicos de la Seguridad Social, los sindicatos y los empresarios. Los dos cambios de más calado que se esperan en el corto plazo son los que afectarán, en primer lugar, al diseño de la jubilación parcial y el contrato de relevo, que permiten compatibilizar trabajo y pensión. Los sindicatos pretenden revertir los recortes que se aplicaron a esta modalidad de retiro en 2013, cuando su elevado coste llevó al Gobierno del PP a endurecer sus condiciones de acceso.
La segunda de estas reformas tendrá que ver con la posible ampliación de los colectivos que se pueden jubilar anticipadamente y a los que, debido a la penosidad de su actividad, se permite que los recortes en su pensión por retirarse antes sean inferiores a los del resto de trabajadores. Por ejemplo, las camareras de piso de los hoteles, conocidas como kellys son uno de estos colectivos que los sindicatos pretenden incorporar a la lista de quienes tienen menores coeficientes penalizadores en la jubilación anticipada.
Según han explicado desde la Seguridad Social tras el encuentro, en materia de trabajos peligrosos y penosos, los negociadores tienen previsto hacer una revisión del procedimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en dichas actividades “que incorporarán indicadores objetivos para su determinación”. No obstante, la secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez, ha precisado que aún no hay ninguna discusión concreta sobre la mesa porque todavía no se han intercambiado propuestas por escrito entre las partes. Por eso los negociadores han quedado en verse a partir del 29 de enero para, ya sí, intercambiar textos. Por su parte, el responsable de Protección Social de CC OO, Carlos Bravo, se ha referido al compromiso del Gobierno para poner en marcha un grupo de trabajo para el seguimiento de los problemas que pueda estar generando la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la creación de un observatorio de la prestación por cese de actividad de los autónomos y el desarrollo de su sistema de cotización por ingresos reales.
A estos asuntos se ha sumado otro en este encuentro, que está relacionado con posibles cambios en el papel de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en los procesos de bajas laborales causados por problemas traumatológicos. En este punto, está en juego la posibilidad de derivar a estas mutuas parte de la gestión de la recuperación de los trabajadores de baja por problemas traumatologicos derivados de enfermedades comunes y accidentes no laborales, tal y como también acordaron abordar los empresarios y los sindicatos en su último pacto de negociación colectiva (AENC).
Según la patronal de estas mutuas, AMAT, la duración media de estas enfermedades es un mes inferior si las gestionan esta entidades que si lo hace la Seguridad Social. En concreto, aporta datos que señalan que en todo 2022 se tramitaron 1.138.214 bajas laborales derivadas de Enfermedades Comunes y Accidentes no Laborales diagnosticadas como patologías traumatológicas y que, por tanto, estuvieron gestionadas por la Seguridad Social (estas enfermedades las gestionan las mutuas si su origen es una enfermedad profesional o un accidente laboral). Estas tuvieron una duración media de 68,64 días cada una. Mientras que las mutuas gestionaron y trataron médicamente 561.563 bajas laborales traumatológicas derivadas de accidentes laborales, cuya duración media se situó en 39,49 días.
La hoja de ruta de la nueva negociación ya se estableció en la reunión que mantuvieron a finales de diciembre los interlocutores sociales con la propia ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Esta anunció entonces la mejora de la protección de las empleadas de hogar que entró en vigor el pasado 1 de enero, como resultado de la primera toma de contacto. Estévez ha asegurado que UGT ha introducido ahora otros asuntos para tratar como la ampliación de la protección de los fijos discontinuos.
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Compatibilizar salario y pensión
La jubilación parcial es un modelo de retiro que se creó en 2002, y que exige un acuerdo entre la empresa y el trabajador para que, según se pensó inicialmente, el empleado pudiera reducir su jornada una vez cumplidos los 60 años y compatibilizar el sueldo y la pensión en proporción a las horas trabajadas o dejadas de trabajar. Pero cuando el trabajador cumple la edad legal a la que se puede retirar, pasaba a cobrar la pensión completa, sin los recortes que sí experimentan quienes optan por la jubilación parcial. Además, en un principio se exigía que las horas que no hiciera el retirado parcial las hiciera otro con un contrato de relevo, algo que ya no es así, ya que existe la modalidad de jubilación parcial sin relevista.
Esta modalidad de jubilación se convirtió en una opción muy ventajosa y, por tanto, muy exitosa para muchos trabajadores próximos a la jubilación. Pero también era muy costosa para el sistema —antes de la pandemia costaba más de 2.000 millones anuales a la Seguridad Social—. Por ello, los distintos Gobiernos empezaron a endurecer esta modalidad de retiro, sobre todo en 2006 y 2013. En concreto, las reformas han endurecido los requisitos de acceso y régimen jurídico; los porcentajes de reducción de jornada; la edad; la duración del contrato de relevo, la obligación de cotizar del jubilado parcial y el relevista, las relaciones entre las funciones y el puesto del trabajador sustituto y las del sustituido a efectos de cotización. Además, actualmente, este tipo de contrato de relevo solo está disponible para la industria manufacturera, algo que empresarios y sindicatos quieren ampliar a otras muchas actividades, como el comercio u otros, en pleno proceso de relevo generacional.
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