Con el inicio del nuevo periodo legislativo, la Asamblea Nacional de Panamá dio paso a la conformación de su nueva junta directiva y a la intervención del presidente del país ante el pleno, marcando el comienzo de una etapa de gobierno que, desde sus primeras acciones, se perfila como una apuesta al diálogo político y a la implementación de reformas clave.
Dana Castañeda fue elegida como líder de la Asamblea Nacional, apoyada por una alianza de partidos convencionales y miembros independientes. Junto a ella, se integraron Walkiria Chandler como primera vicepresidenta y Ricardo Valencia como segundo vicepresidente. La variedad de fuerzas políticas en esta nueva junta muestra una Asamblea dividida, sin mayorías absolutas, lo que requiere una dinámica de acuerdos para la aprobación de legislaciones y modificaciones.
Durante su intervención ante el cuerpo legislativo, el presidente instó a todos los grupos políticos a superar las rivalidades y a colaborar por el bienestar del país. Destacó la importancia creciente del grupo de diputados independientes, que ahora cuentan con 20 escaños, y lo consideró un mensaje evidente de la población respaldando nuevas prácticas en el manejo gubernamental.
Uno de los temas principales de su discurso fue la condición de la Caja de Seguro Social (CSS). El presidente indicó que el gobierno promoverá una reforma sustancial del sistema, fundamentada en análisis técnicos y conversaciones con todos los sectores. Afirmó que no se impondrán decisiones, aunque recalcó la necesidad de actuar con prontitud, y garantizó claridad en la divulgación de los informes financieros de la entidad.
Otro tema prioritario fue la migración irregular a través del Tapón del Darién. El presidente dejó claro que la frontera sur del país no será tratada como un simple paso de tránsito, sino como una línea de soberanía nacional. Anunció medidas concretas para el control del flujo migratorio, incluyendo un sistema de repatriación, que se ejecutará con apego a los derechos humanos.
Sobre el tema del sistema financiero, el líder reafirmó su crítica a las listas discriminatorias en las que Panamá ha sido colocada por entidades internacionales. En respuesta, se informó la formación de una Comisión Nacional para la Protección del Sistema Financiero, que colaborará tanto con el sector público como el privado para salvaguardar la reputación del país y defender su marco jurídico a nivel internacional.
La situación económica también estuvo presente en el discurso presidencial. Se señaló que la deuda pública aumentó considerablemente en los últimos cinco años, por lo que se adoptará una política de austeridad. Se proyecta una reestructuración del gasto, la eliminación de privilegios innecesarios y una reorientación del presupuesto hacia la inversión en infraestructura, generación de empleo y atención social.
En cuanto a la gestión gubernamental, el líder sugirió robustecer la institucionalidad del Estado y terminar con la politización de las entidades. Informó sobre auditorías en varias entidades públicas, con la meta de asegurar eficiencia y transparencia. Además, prometió instaurar un nuevo modelo de gobierno, fundamentado en el respeto al marco legal y la ética administrativa.
Por último, convocó a una reunión abierta con los principales sectores empresariales, sociales y gremiales del país a partir del 1 de julio en el Palacio de las Garzas. El objetivo, explicó, es construir un gran acuerdo nacional que permita enfrentar de forma articulada los principales desafíos del país: la seguridad social, el desempleo, el desarrollo económico, la migración y la crisis hídrica que afecta al Canal de Panamá.
Comienza una nueva etapa política, en la cual la Asamblea Nacional y el Ejecutivo deben alinearse en metas compartidas y atender un entorno nacional que demanda soluciones rápidas, un diálogo inclusivo y dedicación a las reformas que la ciudadanía solicita.
