05/03/2021 16:01:36
Las protestas que continúan hoy comenzaron pacíficamente el miércoles pasado en las principales ciudades del país, pero el vandalismo y los excesos en lugares como Cali, Ibagué, Medellín y Bogotá han agudizado las tensiones sociales.
Manifestaciones y disturbios en Colombia durante los últimos seis días contra el proyecto de reforma tributaria en cuestión, que el gobierno ya retiró, dejan al menos 16 muertos y más de 700 heridos, dijo el lunes la Defensoría del Pueblo. Según la institución, que no brindó detalles de la identidad de las víctimas ni de las circunstancias de las muertes, «254 civiles y 457 policías también resultaron heridos» en los días de mayor afluencia, pero otras fuentes reportan cifras más altas tanto de muertes como de muertes: herido. Las protestas que continúan hoy comenzaron pacíficamente el miércoles pasado en las principales ciudades del país, pero el vandalismo y los excesos en lugares como Cali, Ibagué, Medellín y Bogotá han agudizado las tensiones sociales. El presidente Ique Duque anunció este domingo que retiraría el controvertido proyecto develado por Hacienda el 15 de abril y llamó al Congreso a trabajar de manera urgente en un nuevo proyecto fruto del consenso para evitar la incertidumbre financiera. El comité de apoyo a la protesta realizó hoy una conferencia de prensa en la que Martha Alonso, vicepresidenta segunda de la Asociación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), reportó muertes más altas que la Defensoría del Pueblo. “Actualmente tenemos 1.089 casos de violencia policial, de los cuales al menos 124 personas han sido identificadas como violentas”, dijo. Alfonso agregó que las protestas documentaron «726 detenciones arbitrarias, seis actos de violencia sexual, 27 asesinatos, 12 jóvenes perdieron la vista» y que «más de 45 defensores y defensoras de derechos humanos tienen una capacidad limitada para practicar esto. Trabajo». INFORME DE ORGANIZACIONES AL RESPECTO DISPONIBILIDAD A falta de datos oficiales, la ONG Temblores también advirtió que 21 personas han sido asesinadas, 92 víctimas de violencia física por parte de las fuerzas de seguridad y otras 672 detenidas arbitrariamente durante los cinco días previos a las protestas. La organización investiga la muerte de ocho manifestantes presuntamente agredidos por la policía y documenta cuatro denuncias de violencia sexual por las que se señala a miembros de la función pública. En relación con estas denuncias, el Director de Policía, General de División Jorge Luis Vargas, aseguró en rueda de prensa de hoy que se realizaron 26 averiguaciones preliminares destinadas a esclarecer las circunstancias de los homicidios y agresiones físicas y determinar que en algunos casos los uniformados de la institución tenía alguna responsabilidad. En la misma intervención, el secretario de Defensa Diego Molano evitó dar detalles de las muertes porque, como dijo, «la Fiscalía, como autoridad responsable y competente, debe determinar qué día las víctimas están específicamente asociadas» con las protestas. “Deploramos la muerte de todos los que participaron en estas protestas y que perdieron la vida como consecuencia de los crímenes de los vándalos”, dijo el ministro. «Colombia enfrenta una amenaza terrorista, las organizaciones criminales están detrás de los hechos de violencia que eclipsan la manifestación pacífica. Son actos premeditados organizados y financiados por grupos disidentes de las FARC y el ELN», dijo Molano, al anunciar que 540 policías habían registrado a 306 civiles. y durante las manifestaciones. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por su parte, dijo hoy que «después de 5 días de protesta mayoritariamente pacífica, nadie ha resultado muerto ni herido con armas de fuego todavía, pero sí hemos resultado heridos» en la ciudad. La reforma tributaria elevó los impuestos al ampliar la base impositiva e imponer un 19% de IVA a los servicios públicos, incluidas medidas cuestionables. Con el proyecto, el gobierno buscó recaudar 23.400 millones de pesos (unos 6.302 millones de dólares) para mejorar el estado de las finanzas públicas y la continuidad de los programas sociales para los más pobres, cuya demanda aumentó con la pandemia forjada del 19.
